En esta ocasión, abordaremos la aplicación de la Ley Karin Nº 21.643 y su impacto en las comunidades, con el objetivo de comprender su alcance y las medidas que deben tomarse en consideración.
¿Qué es la Ley Karin?
La Ley 21.643 modifica el código del trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Su entrada en vigencia está prevista para el 01/08/2024, seis meses después de su publicación.
Dentro de sus modificaciones, la ley redefine el concepto de acoso laboral e incorpora el concepto de “violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos”. Asimismo, establece la obligación del empleador de desarrollar un protocolo de prevención en materia de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, junto con directrices para el proceso de investigación en estos casos.
Requisitos mínimos del protocolo de prevención
- Identificación de riesgos psicosociales asociados con acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, con perspectiva de género.
- Medidas para prevenir y controlar tales riesgos, con objetivos medibles.
- Capacitación adecuada a los trabajadores sobre los riesgos identificados y medidas de prevención.
- Prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, acorde a la naturaleza de los servicios prestados.
- Resguardo de la privacidad y la honra de los involucrados en los procedimientos de investigación.
Aplicación práctica de la Ley Karin
Para cumplir con esta ley, es necesario realizar medidas exigidas por la misma, como la implementación del protocolo preventivo y el procedimiento para denuncias recibidas e investigación.
Por otra parte, se debe revisar y actualizar el Reglamento Interno y realizar reuniones informativas con el personal para informar sobre las medidas preventivas que tomará el empleador.
Como representantes del empleador, es importante revisar la interacción con los trabajadores y establecer procedimientos escritos para regular reclamos. También se debe transmitir la nueva normativa legal a la comunidad y crear conciencia sobre las responsabilidades asociadas a la calidad de empleador.
Además, se deben incorporar sanciones por violencia o acoso laboral en el reglamento de copropiedad y establecer procedimientos para denunciar eventuales delitos contra la integridad del trabajador.
Finalmente, se debe realizar el envío de folletería, instalación de carteles y medios informativos en áreas de trabajo.
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